En un comunicado emitido por las dos organizaciones, advierten de que estos planteamientos van en contra de la adaptabilidad que necesitan las empresas para poder generar empleo en la actual coyuntura de incertidumbre y transformación, y también de las directrices que nos marca la Comisión Europea en esta materia, con lo que se está poniendo en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia.
Por ello, durante la reunión de la mesa tripartita de diálogo social de este martes, las organizaciones empresariales han trasladado la necesidad, para poder seguir negociando, de contar con un planteamiento nuevo por parte del Gobierno, alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y de acuerdo con las recomendaciones de país de Bruselas.
En estos momentos, el texto parece responder a una motivación ideológica sin fundamentos económicos; no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, y, por ello, aboca inevitablemente al desencuentro.
Además, a la vista del último documento trasladado por el Ministerio de Trabajo a la mesa de diálogo social, si lo que se pretende es modernizar el mercado laboral, no parece que la mejor opción sea plantear una propuesta que en todos sus elementos es regresiva e intervencionista, restando capacidad a la negociación colectiva.
CEOE y CEPYME quieren dejar claro que apuestan por unas relaciones laborales de calidad, que permitan un desarrollo fructífero en el seno de la empresa en beneficio de todos. Ese es el marco en el que habría que trabajar, en lugar de partir de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa, arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad.
Más aún, la temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios.
En este sentido, comparten la necesidad de actuar contra la temporalidad irregular y no causal, por lo que, en el marco de la mesa de diálogo social, a las herramientas ya existentes, deberían adicionarse otras que pongan límite a dicha situación, previa elaboración de un diagnóstico compartido. En este sentido, urge un texto promovido por el Gobierno, más adecuado al requerimiento de Europa y a la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, que no entorpezca la recuperación económica.
Por lo demás, CEOE y CEPYME rechazan la reforma laboral que se pretende, ajena a las solicitudes europeas y resultado de un pacto de Gobierno que no les obliga y que, además, es lesivo para el empleo. En todo caso, si el Gobierno persevera en esta dirección, será sin el apoyo de las organizaciones empresariales.
Estas propuestas del Gobierno restan capacidad de adaptación de las empresas en la entrada al mercado laboral; la permanencia, con soluciones intervencionistas insólitas en el siglo XXI por ajenas a la participación activa de los trabajadores y el uso excesivo del reglamento en vez de la negociación colectiva, lo que inevitablemente recuerda las antiguas ordenanzas laborales, un despliegue más propio de contextos afortunadamente ya superados en toda Europa.
Igualmente, se alteran las reglas de salida, en un ejercicio de cinismo, que debilita la capacidad de adaptación del sector privado frente a las soluciones otorgadas al sector público.
Solo si España recupera, o incluso supera, los niveles de actividad previos a la crisis, afrontando al mismo tiempo la modernización del modelo productivo y la recualificación de las personas trabajadoras de la mano de los fondos europeos, podemos lograr el objetivo compartido de creación sostenida de empleo, de calidad y con las mejores condiciones.
